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El patio central del Parlamento de Cantabria acogió el acto que conmemora el aniversario de la Constitución Española, con la presencia de las principales autoridades de la región. Este año, la jornada se dedicó al colectivo que agrupa a las personas con discapacidad, que asumieron un papel protagonista. De esta manera, la primera parte del acto personas vinculadas a las asociaciones que integran el CERMI dieron lectura a los derechos fundamentales de la discapacidad. A continuación tuvo lugar el discurso del presidente del Parlamento, para finalizar con la actuación de la Agrupación de la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria (JOSCAN), que interpretará piezas de Beethoven y Schubert, cerrando la actuación y el acto con los himnos de Cantabria y España.

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO XXXIII  ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

(6 de diciembre de 2011)

Sed bienvenidos todos al Parlamento de Cantabria en el que, como ya es tradición, celebramos el aniversario de la Constitución Española. Su trigésimo tercer aniversario en esta ocasión. La celebración del Día de la Constitución cuenta hoy, como ustedes han podido comprobar, con la participación y la colaboración de todas las Asociaciones que conforman el Comité de Entidades de Representantes de Personas discapacitadas, más conocido por el acrónimo de CERMI.  

En él se integran la Asociación Cántabra de Afásicos, la Asociación Cántabra Pro Salud Mental, la Asociación Cántabra para la Parálisis Cerebral, la Federación Cántabra de Asociaciones de Discapacitados Físicos,  la Asociación de Entidades a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, la Federación de Personas Sordas de Cantabria, la Organización Nacional de Ciegos en Cantabria y la Fundación Síndrome de Down. En nombre del Parlamento, de sus diputadas y diputados, gracias a todas estas entidades,  a sus directivos, a sus trabajadores,  asociados,  familiares y amigos por vuestro esfuerzo,  cariño, compromiso y activa participación en la preparación del acto de conmemoración de la Constitución de este año.  

Y gracias también por lo que ello va a suponer para  la celebración de años venideros. Con vosotros iniciamos un nuevo recorrido en la conmemoración de esta fecha. Muchas personas con discapacidad os sentís discriminadas en vuestros derechos y habéis querido estar hoy aquí, en este día tan especial, para celebrar la Constitución que os defiende.  Nuestra Constitución ampara todos los derechos que habéis enunciado en vuestra intervención para que los podáis disfrutar con plenitud.  

La Constitución Española es singularmente sensible con las personas con discapacidad. Así, su artículo 49, impone  a los poderes públicos el deber de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad, a las que prestarán  la atención especializada que requieran y  las ampararán  especialmente para que disfruten de los derechos que el Título I de nuestra Carta Magna otorga a todos los ciudadanos. De la Constitución nacen las leyes de la integración, de la dignidad y  de la igualdad. Y en ningún caso las discapacidades pueden ser obstáculo para el acceso a la educación, a los servicios de todo tipo y al mercado laboral. Gracias, pues, por acompañarnos y gracias por vuestro testimonio.

Hemos invitado también este año a todos los ciudadanos de Cantabria a través de las redes sociales y medios de comunicación. Así, a cuantos estamos aquí presentes honrando la Constitución, se unen los que siguen este acto “on line”.  Quiero trasladar un especial agradecimiento a los medios de comunicación que llevan a cabo su labor informativa sobre nuestra actividad parlamentaria y nos ayudan a abrir el Parlamento a los ciudadanos de nuestra Comunidad.

En un ámbito más general, el protagonismo de este día, en el que se cumple el trigésimo tercer aniversario de nuestra Constitución, viene acompañado, ineludiblemente, por la preocupación sobre la grave situación de crisis que atraviesa el país y por la reflexión sobre el papel que puede desempeñar nuestra Constitución al respecto. Nos enfrentamos a la crisis económica más grave de las últimas generaciones y sufrimos una de sus consecuencias más dramáticas, el paro, que en nuestro país alcanza niveles insoportables.

En el caso de los jóvenes, la situación se torna catastrófica. Prácticamente, uno de cada dos jóvenes no encuentra trabajo y muchos de los mejor preparados, con su grado y máster bajo el brazo, han de optar por abandonar nuestro país. Crear empleo debe ser pues el objetivo prioritario, y no sólo por razones económicas, sino también por razones personales, morales y sociales. Esta crisis no es sólo de perfil económico, es mucho más profunda. Está vinculada a la pérdida de valores de una sociedad consumista que ha derrochado por encima de sus posibilidades. Será preciso, pues, en primer lugar, un rearme de valores cívicos. Que los ciudadanos retomemos en todo su sentido: El valor del esfuerzo, del sacrificio, del compromiso; la apuesta por el trabajo bien hecho y el reconocimiento del mérito; El valor del respeto y la defensa del pluralismo, que no supone compartir tesis contrarias a las propias convicciones; El valor de la educación, y particularmente de la formación profesional, pilar básico para el mundo productivo; Los valores de la austeridad, del rigor y de la honradez; El valor de la libertad individual, del consiguiente sentido de la responsabilidad, y de la iniciativa emprendedora; En relación al valor de la libertad, quiero enfatizar el binomio libertad – seguridad.

Y no puedo dejar de hacer una mención especial, en estos momentos en los que confiamos que el terrorismo toque a su fin, al sacrificio y esfuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Dedico un especial recuerdo, asimismo, a las víctimas del terrorismo y sus familiares cuya memoria siempre guiará nuestras actuaciones, como así lo exige la libertad y la dignidad de nuestra sociedad. Los valores que he enumerado están recogidos en la Constitución de 1978. Por lo tanto, es imprescindible que todos los ciudadanos los practiquemos, y de manera singular tenemos que hacerlo los políticos. Aquí no caben dudas ni benevolencias. Los políticos debemos dar ejemplo.

Hemos de  ganarnos a pulso la recuperación de la dignidad de la labor política. Es imprescindible que los ciudadanos comprueben, cada día, que somos los administradores y no los gastadores del dinero público. Esa es nuestra responsabilidad. Y nuestra primera obligación como políticos debe ser preocuparnos y afanarnos en buscar solución a los graves problemas que padecen los ciudadanos.

Desde luego, este Parlamento va a tener sus puertas abiertas de par en par para escuchar,  debatir  y resolver la situación crítica en la que nos hallamos inmersos. Todos los parlamentarios elegidos en esta  Octava Legislatura nos proponemos que la misma esté marcada por el esfuerzo y empeño en adoptar nuevas normas y medidas de lucha contra el paro. En el contexto de la crisis, reviste también gran relevancia  la relación Estado – Comunidades Autónomas, en cuanto a sus prioridades y al alcance y ejercicio de las respectivas competencias.

Cuando la crisis se torna realmente dura, nos damos cuenta de que quizá hayamos destinado demasiadas energías en nuestro país, en la puja insaciable por las identidades territoriales, en detrimento de la consolidación de un Estado realmente eficaz y  capaz de afrontar los grandes retos que la crisis nos impone. Es hora de afrontar la modernización del Estado. No se trata de su definición territorial e histórica, sino de una cuestión institucional, social, política y económica.  No son los fantasmas del pasado de los que hay que ocuparse sino de los desafíos del porvenir. Se impone una revisión del actual funcionamiento de la Administración estatal  y de las Administraciones autonómicas. Es imprescindible evitar insostenibles duplicidades y hay que exigir que las relaciones Estado – Comunidades Autónomas se rijan por la lealtad, la solidaridad, la cooperación y la eficiencia.

No es la primera vez que, en nuestra historia reciente, afrontamos en España una grave crisis. Muchos de nosotros recordamos la que se produjo durante la Transición Política de hace 35 años, y cómo fue abordada, particularmente desde el ámbito económico, por los Pactos de la Moncloa de 1977.  Si, como ya advertía Cicerón, la “historia debe ser maestra de la vida”, estimo que también ahora debiéramos retomar el espíritu de la Transición y suscribir grandes políticas de Estado entre las principales formaciones políticas y sociales. Estoy propugnando un gran pacto social y económico de todos los agentes sociales. El pacto por sí mismo aportaría credibilidad y recuperación de la confianza en nuestro país que, en principio, es lo que más se necesita.  Pero, además, podría acordar en esta España plural de las Autonomías, medidas de simplificación administrativa, de transparencia en las Instituciones públicas y, sobre todo, medidas de austeridad en todas las administraciones y a todos los niveles.

El despilfarro y los gastos innecesarios e incontrolados han abocado a nuestro país a un déficit disparatado y han agravado la crisis por la que ahora atravesamos. Hemos vivido durante años por encima de nuestras posibilidades y todos los analistas coinciden en que existe un amplio margen para ahorrar en gastos innecesarios. Se impone, pues, una gestión austera y rigurosa. Ha llegado la hora del Estado eficiente, la de lograr los máximos resultados con el menor gasto posible. La de gastar sólo lo que se tiene y atender únicamente lo que se debe. Es de sentido común no gastar más de lo que se ingresa. Ahora bien, austeridad no significa inmovilidad. Se trata de ahorrar en lo innecesario y de invertir para crear empleo. Y, desde luego, garantizando los servicios básicos del estado de bienestar, esto es, la sanidad, la educación y la dependencia. En este punto de la exigencia del equilibrio económico, debo señalar la aportación de la Constitución para la solución de la crisis.

Me estoy refiriendo a la reciente reforma del artículo 135, que supone un elemento de seguridad para nuestra maltrecha situación económica. Nuestra Constitución, que no es estática ni está anquilosada, que está viva y atenta al devenir de nuestro país, ha sabido responder al desafío de la crisis económica. Era imprescindible garantizar la estabilidad presupuestaria, y ese ha sido justamente el objetivo de la reforma del artículo 135. No podemos gastar por encima de nuestras posibilidades, porque supondría dedicar al pago de intereses cantidades cada vez mayores, lo que impide cualquier tipo de política; porque el déficit excesivo pone en duda a España como deudor fiable cuando necesite acudir a los mercados; y , sobre todo, porque los excesos de la deuda absorben los recursos que hay que dedicar al crecimiento y a la generación de empleo.

Esta reforma constitucional es clave en el marco de las reformas estructurales que necesita la economía española, pues obliga al Gobierno de la Nación, a las Comunidades autónomas y a los Ayuntamientos, a una disciplina de gasto imprescindible después de los excesos de los últimos años.  La disciplina y la austeridad en el gasto ya no estarán al albur de cada administración, sino que serán una obligación constitucional.  De haber existido con anterioridad este refrendo en la Constitución Española, nos hubiéramos evitado muchos  de los problemas que ahora están aflorando con la crisis. Para afrontar la crisis, debo apuntar finalmente la necesidad de poner en marcha otras reformas que nos conduzcan a la modernidad.  

Ante la actual crisis económica no nos encontramos inermes. La situación reviste gran complejidad, pero la historia del progreso ha sido siempre un proceso continuo de mejora de la gestión de la complejidad.    Será imprescindible su análisis, la comprensión de sus causas y la firme voluntad de actuar. Y actuar comporta dos condiciones previas: saber hacer (conocimiento) y querer hacer (liderazgo). Con respecto al saber hacer, al conocimiento, nunca ha existido como ahora, tanto talento, tanta investigación y tantos medios científicos y tecnológicos para afrontar la situación de crisis. Es la hora de pensar de modo diferente y de explorar nuevos caminos, porque la situación es totalmente novedosa. 

Es el momento de la investigación, de la innovación, de la creatividad, de la trasferencia del conocimiento al tejido productivo  y de la iniciativa empresarial. Y en nuestra Comunidad Autónoma por ej., el proyecto “Cantabria Campus de Excelencia Internacional” constituye un buen referente de ese binomio innovación – trasferencia del conocimiento. Respecto al querer hacer, al liderazgo, el reto recae sobre nosotros, los políticos.  Me he referido aquí al rearme ético - cívico,  a la reestructuración de las relaciones Estado – Comunidades Autónomas, a la necesidad de un gran pacto social y económico, al ajuste del desequilibrio económico aportado por la reforma de la Constitución y a la innovación y trasferencia del conocimiento.  

Pero resta un plus de confianza en nosotros mismos, en que vamos a ser capaces de superar las dificultades que se nos avecinan. La sociedad está deseosa de encontrar la nueva senda del progreso y es nuestra responsabilidad trasmitirle las señales de que formamos un país sin fracturas, con objetivos bien definidos y decisiones mejor meditadas. Somos un gran país, podemos hacerlo y lo hemos demostrado con anterioridad.

Cuando se aprobó la Constitución vivimos momentos, si cabe, de mayor crisis y desconcierto. Pero con el trabajo conjunto, el esfuerzo común y el sacrificio continuado fuimos capaces de remontar la situación. También ahora podemos salir del actual túnel de la crisis, con los mismos medios: trabajo, coraje, solidaridad y cooperación entre las distintas instituciones. Debo terminar, pero me resisto a hacerlo sin una mínima referencia a la efemérides del 2º Centenario de la Constitución de 1812, precedente de nuestra actual Constitución.

En Cadiz, el 19 de marzo de 1812, día de San José, se aprobó la gloriosa “Pepa”. Las condiciones heroicas en las que aquellos padres de la patria de ambos continentes, España y América,  alumbraron dicha Constitución, constituyen una guía para todos nosotros y particularmente para la actividad parlamentaria.  

Reza así una de las placas del Oratorio de San Felipe Neri, en el que dicha Constitución se debatió y aprobó:  “España inició aquí un camino nuevo en el devenir de la Historia, en el que aprendimos a dialogar, a convencer y a convivir, respetando las libertades y los valores democráticos en un estado de derecho”. Tuvimos por primera vez una Constitución y con ella nacieron también por primera vez: la soberanía popular, la división de poderes y las libertades. Nació en síntesis la idea de España como una nación de ciudadanos libres. Y nuestra Constitución de 1978 es heredera de estos principios y valores, y añadió al valor superior de la libertad, los de la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Concluyo, pues, Sras. y Sres. Por la libertad, por la justicia, por la igualdad y por el pluralismo político, os invito a gritar conmigo ¡ VIVA LA CONSTITUCIÓN ! ¡VIVA CANTABRIA!  ¡VIVA ESPAÑA!