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El Parlamento acoge hoy y mañana unas jornadas sobre vivienda organizadas por los Defensores del Pueblo de España

La presidenta del Parlamento de Cantabria, Dolores Gorostiaga, expresó esta mañana su voluntad por conseguir que en esta Legislatura la Comisión del Peticiones de la Cámara cántabra “se transforme en algo más que en un mero transmisor de las quejas ciudadanas hacía el organismo competente”.

 

Para la presidenta, en la actualidad la Comisión de Peticiones es “más una oficina administrativa y un órgano que crea frustración a los ciudadanos, que un órgano que resuelve sus conflictos, ya que no tiene ninguna capacidad de reacción”.

 

Acompañada por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril y por el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, Gorostiaga inauguró esta mañana la XXX edición de las Jornadas de Coordinación  de Defensores del Pueblo de España que en esta ocasión se centrarán en el derecho a la vivienda y que se prolongarán hasta mañana, viernes.

 

Tras recordar que Cantabria es una de las pocas Comunidades que no cuenta con la figura del  Defensor del Pueblo, a pesar de que así está recogido en el articulo 16 de nuestro Estatuto de Autonomía, Gorostiaga hizo un repaso al volumen de las peticiones tratadas por esta Comisión desde su creación en 1999.

 

Así, hasta la fecha se han recibido 257 asuntos. 88 en la V legislatura, 81 en la VI Legislatura, 49 en la VII Legislatura y 39 en la VIII Legislatura. En su opinión, el hecho de que disminuyan las cifras, “no quiere decir que vayan disminuyendo los problemas de los ciudadanos, sino que estos se han dado cuenta de que la Comisión de Peticiones no sirve para nada”, aseveró.

 

La presidenta del Legislativo cántabro enumeró algunas de las cuestiones recibidas en la Comisión de Peticiones entre las que se encuentran: las preferentes, los deslindes de fincas, las dificultades con el abastecimiento de agua, las ilegalidades o legalidades urbanísticas, el derecho a acceder a una vivienda digna o los desahucios.

 

En relación a la vivienda, uno de los asuntos más recurrentes admitidos por la Comisión y tema central de las jornadas, para Gorostiaga “el derecho a una vivienda digna no solamente hace referencia al derecho de toda persona de disponer de cuatro paredes y un techo donde cobijarse, sino que implica tener acceso a un hogar seguro en el que vivir con dignidad”.

 

“En este sentido, nos corresponde a los poderes públicos desarrollar cuantas políticas sean necesarias para garantizar este derecho, priorizando la atención a los grupos más vulnerables”, concluyó.

En su intervención, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, celebró que el Fondo Social de la Vivienda haya puesto 3.974 viviendas más a disposición de personas afectadas por la crisis y que haya incluido a nuevos colectivos entre sus beneficiarios, como mayores de 60 años, unidades familiares sin hijos y deudores no hipotecarios, una medida que la institución que ella representa llevaba defendiendo desde hace tiempo, aseguró.

 

Becerril avanzó que los defensores reunidos estos días en el Parlamento de Cantabria debatirán sobre “qué puede hacerse para que la vivienda de protección pública sea un bien al alcance de todas aquellas personas que lo necesiten y lo requieran, de acuerdo con el artículo 47 de la Constitución”.

 

El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, consideró “fundamental” poner en marcha mecanismos que aseguren el acceso a una vivienda en las mejores condiciones posibles a los ciudadanos que más lo necesiten. “Dada la convergencia de competencias municipal, autonómica y estatal, sería muy deseable alcanzar un Pacto de Estado entorno a la vivienda y que se consensuara una Ley del Suelo que diera garantías para la construcción de este tipo de viviendas”, afirmó.