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Cantabria ha homenajeado en el Parlamento de Cantabria a las víctimas del 'caso Almería', los tres jóvenes --Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero- que fueron asesinados en 1981 por la Guardia Civil tras ser identificados por error como miembros de ETA, y ha reclamado al Estado reconocerles como "víctimas del terrorismo". Organizado por la asociación 'Desmemoriados' para honrar a quienes fueron "víctimas de una injusticia". El reconocimiento a los tres jóvenes "inocentes" y a sus familias por su "entereza" ha tenido como punto destacado la lectura por parte de la presidenta del Parlamento cántabro, Dolores Gorostiaga, de una declaración institucional firmada por los 35 diputados regionales.

En ella, en nombre de la sociedad de Cantabria, la Cámara muestra "el dolor y el respeto a los familiares de Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas", hace suyo "el padecimiento sufrido a lo largo de tantos años", ya 37, y considera que deben de ser reconocidos "a todos los efectos legales" como víctimas de terrorismo.

   Por ello, la declaración insta al Gobierno de España a "iniciar los cambios necesarios y oportunos para que todas las víctimas de terrorismo, incluyendo las víctimas de violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección que corresponde a su condición de víctimas de actos de terrorismo o violencia política".

'DESMEMORIADOS' PREPARA UN DOCUMENTAL

   Tras la lectura de la declaración institucional y unas palabras del representante de las familias, Francisco Mañas, la asociación 'Desmemoriados' ha proyectado un avance de un documental en el que está trabajando para honrar la memoria de las víctimas del 'caso Almería'.

   En él, se relata y documenta lo que les sucedió a los tres jóvenes, todos ellos residentes en Cantabria pero no naturales de la región --Luis Montero era de Fuentes de San Esteban (Salamanca) y Juan Mañas de Pechina (Almería)-- entre el 7 de mayo de 1981 que partieron para Almería para acudir a la comunión de Francisco Mañas hasta el 10 de mayo que sus cadáveres aparecieron dentro de un coche calcinado en una carretera almeriense.

   Los tres jóvenes salieron en coche de Cantabria y se quedaron a dormir en Madrid, el mismo día en que el general Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, sufrió un atentado en la capital. Al día siguiente, las víctimas retomaron el viaje, pero su coche se averió y alquilaron otro vehículo en una localidad de Ciudad Real.

   Una de las personas con las que coincidieron ese día mientras buscaban una solución para poder llegar hasta Almería creyó reconocerles como los tres terroristas que aparecían como presuntos autores del atentado en una imagen publicada por los medios de comunicación y se lo comunicó a la Guardia Civil, que les detuvo el día 9 en Roquetas de Mar.

   El 10 de mayo aparecieron en el coche alquilado los cuerpos de los tres jóvenes "calcinados, desmembrados y con múltiples balazos". La versión oficial fue que murieron en un tiroteo tras un intento de fuga aunque las familias nunca lo creyeron.

   En 1984, la familia de Mañas recibió una carta anónima y redactada a máquina por un supuesto guardia civil en la que se detallaba la implicación de 11 agentes de la Benemérita en el secuestro y asesinato de los jóvenes, entre ellos el teniente coronel Castillo Quero.

   Solo este alto mando de la Guardia Civil, que fue el jefe del operativo en el marco del cual se detuvo a los tres jóvenes, y otros dos agentes fueron procesados y condenados por el 'caso Almería'.

REVILLA LLAMA AL CONGRESO A RECONOCER A LAS VÍCTIMAS

   Tras el visionado del avance del documental que narra estos hechos, ha intervenido un emocionado Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que ha criticado la "canallada" que supuso que se tratase de "tapar" lo que realmente les sucedió a Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero.

   "Hay cosas que ya no tienen arreglo porque no podemos resucitar a los muertos ni podemos condenar como asesinos a aquellos 11 desalmados", ha lamentado Revilla que, no obstante, ha ensalzado que sí se puede reconocer lo sucedido aunque "nos revuelva las tripas y el ánimo" para que "situaciones como éstas no vuelvan a darse nunca en España".

   El presidente cántabro ha destacado la importancia de la declaración institucional del Parlamento de Cantabria, firmada por "los 35 diputados sin distinción" a pesar de pertenecer a "sensibilidades políticas diferentes".

   Así, ha indicado que está firmada por representantes de PP, PRC, PSOE, Podemos y Cs y ha recordado que todos los partidos, salvo el que él encabeza (PRC), tienen representación en el Congreso de los Diputados donde, de aunarse, "tienen mayoría absoluta".

   Por ello, ha animado a los representantes de esos partidos a promover una declaración institucional como la del Parlamento cántabro a la que, ha confiado, "seguro que no se opondrían el resto de partidos más pequeños" de la Cámara Baja.

   "Si aquí los que estamos representando al pueblo de Cantabria mantenemos esta posición, ¿tan difícil será que sus hermanos en Madrid apoyen por unanimidad considerar a estos muchachos como víctimas del terrorismo?", se ha preguntado Revilla, que cree que sería "fácil".

Declaración institucional. Caso Almeria

El día 7 de mayo de 1981 Luis Montero García, de 33 años, natural de Fuentes de San Esteban (Salamanca) y empleado de FYESA en Boo de Guarnizo, Luis Cobo Mier, de 29 años, natural de Santander y empleado de ACERIASA en Nueva Montaña, y Juan Mañas Morales, de 24 años, natural de Pechina (Almería) y empleado de FEVE en Santander; y todos ellos residentes en Cantabria, inician un viaje en automóvil, propiedad de Luis Cobo, hasta la localidad de Pechina en Almería para acudir a la primera comunión del hermano de Juan, Francisco Javier Mañas Morales. Esa noche pernoctan en Madrid, en la casa que les ha prestado un amigo y en la mañana del día 8 de mayo continúan su viaje hacia la provincia de Almería.

El mismo día 7 se produce en Madrid un atentado de ETA sobre el vehículo que transporta al General Valenzuela, Jefe del Cuarto Militar del Rey, dejándolo muy malherido y acabando con la vida de los tres militares que lo acompañan.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado montan inmediatamente el habitual dispositivo de control y búsqueda de los presuntos responsables del atentado, que se relaciona inicialmente con José María Bereciartúa  y José León Mazusta, acompañados por un tercer integrante del comando al que se conocía  por Goyenechea Fradúa.

Mientras tanto, en la segunda etapa de su viaje tras su salida de Madrid, los viajeros cántabros sufren una avería en el vehículo, que imposibilita su utilización posterior y les obliga a la búsqueda de un modo de transporte alternativo. Tras barajar el ferrocarril, se deciden por el alquiler de un coche en la localidad de Manzanares (Ciudad Real), con el que consiguen finalmente arribar a la casa familiar de Juan Mañas en la provincia de Almería en la madrugada del sábado 9 de mayo.

Sin embargo, en la mañana de ese mismo sábado, un hombre con el que habían coincidido el día anterior en Alcázar de San Juan cree reconocer a los viajeros cántabros en las fotografías de los presuntos autores del atentado de Madrid que la prensa ha publicado y lo comunica a la Guardia Civil, que monta un dispositivo de búsqueda, encabezado en Almería por el Teniente Coronel Carlos Castillo Quero, que localiza y detiene a los jóvenes el día 9 a las 9 de la noche en una tienda de regalos de Roquetas de Mar.

Una vez identificados por los documentos que portaban, dado que Luis Cobo había dejado los datos de su documento de identidad para alquilar el coche con el que finalmente llegaron a Pechina el día de su detención, se inician múltiples actuaciones, tanto en Santander como en Almería, para contrastar su identidad según los documentos que portaban. Estás diligencias demostraban, sin duda alguna, que los detenidos no podían ser los autores del atentado.

Sin embargo, hacia las 6 de la mañana del día 10 de mayo aparecen los cuerpos de Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales dentro de los restos del vehículo alquilado, en un pequeño barranco de la carretera de Gérgal (Almería), calcinados, desmembrados y con múltiples balazos.

Sobre lo ocurrido en el periodo que media entre su detención y el hallazgo de sus cadáveres (aproximadamente 9 horas) no existe más allá de una versión oficial reconstruida por los mandos responsables de su secuestro y desaparición, que responsabilizó a los propios jóvenes (“peligrosos terroristas”) de su muerte por un intento de fuga. Versión inverosímil que mantuvieron y aumentaron incluso cuando se conoció fehacientemente la verdadera y pacífica identidad de los asesinados.

Según Darío Fernández, abogado de las familias de las víctimas, fue necesario hacer 7 autopsias y multitud de pruebas periciales porque los primeros informes estaban manipulados para inculpar a los jóvenes como etarras, lo cual fue la tónica general por parte de las defensas de los miembros de la Guardia Civil, que incurrió en un sinfín de contradicciones, llegando a atribuir falsamente la propiedad de unas pistolas a las víctimas, o a menospreciar el testimonio de unos pescadores que acudieron a ayudar al ver el coche en llamas y pudieron ver la lata de gasolina con la que presuntamente lo prendieron fuego. También se puso de manifiesto la desaparición de pruebas en Casas Fuertes, una fortaleza a dónde las familias creen que fueron trasladados los detenidos en el transcurso de aquella aciaga noche para ser torturados.

En 1984, la familia Mañas recibió una carta anónima redactada a máquina por un supuesto agente de la Guardia Civil implicado en la que se acusa a cuatro agentes, entre ellos al Teniente Coronel Castillo Quero: “Al principio les dieron una paliza (…) perdiendo uno de ellos el conocimiento (…) los mataron de un tiro por separado…”. El texto abunda en detalles, como la quema del vehículo con una lata de gasolina con los tres jóvenes dentro.

Gracias al dolor de los familiares, a la tenaz actividad de su abogado (que soportó múltiples amenazas e incluso intentos de hacer explotar su coche) y al apoyo de algunos periodistas, se pudo poner en duda la versión oficial y procesar a tres de los once guardias civiles implicados en el secuestro y asesinato de las víctimas. Finalmente sólo esos tres procesados fueron condenados por 3 homicidios (no asesinatos): El Jefe del Operativo, Teniente Coronel Castillo Quero, a 24 años de prisión y dos de sus subordinados a 15 y 9 años de prisión, aplicando el Tribunal la circunstancia atenuante de cumplimiento del deber, como eximente incompleta, en el primer condenado, y con la circunstancia atenuante de obediencia debida, como eximente incompleta en los otros dos.

Cumplieron tan sólo una parte de las condenas: Castillo Quero logró el tercer grado en 1988 y salió en libertad condicional en 1992, con lo que estuvo 11 años en prisión, dos de ellos en régimen abierto. Murió libre, de muerte natural, en 1994. Gómez Torres estuvo en la cárcel 7 años y Fernández Llamas no llegó a 5 años. El cumplimiento de las penas fue en unas condiciones privilegiadas, hasta que la prensa lo destapó, recluidos en establecimientos militares.

Los métodos de terror que se señalan merecen el reproche de la sociedad en general, y no menos la violencia ejercida por algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que, en el ejercicio de sus funciones, torturaron y asesinaron a estos tres jóvenes, violando los más importantes derechos de las personas sometidas, siendo particularmente repugnante, puesto que es ejercida por aquellos que precisamente tienen encomendada la misión de proteger al conjunto de la población y, sin embargo, ejercido por quienes tienen conferido por la Ley el legítimo ejercicio de la fuerza dentro de un proceso, siempre, con las debidas garantías.

Sin embargo, la legislación española (Ley 29/2011) no contempla ningún tipo de reparación para las víctimas del terror ejercido por el aparato del Estado, ya sea por elementos policiales  incontrolados, como en el caso de las víctimas del relato anterior. Esta situación, a todas luces injusta, vulnera el principio de no discriminación entre víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos. Todas tienen derecho a justicia y reparación, con independencia de las circunstancias que provocaron su victimización. 

La discriminación provoca una nueva causa de victimización para quienes integran la segunda categoría de damnificados. En este caso las familias de los “cántabros” Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas, quienes (como les ocurre a otras víctimas del franquismo) sienten que las instituciones del Estado pretenden esconder su relato de sufrimiento y desamparo, así como negarles el rol debido en las políticas públicas de memoria y reconstrucción.

Por ello, en aras de cumplir con los principios de verdad, reparación y justicia para las víctimas entendemos y consideramos que es necesario por fin, 36 años después, que la sociedad civil de Cantabria (y en su nombre sus representantes legítima y democráticamente elegidos) muestre el dolor y el respeto a los familiares de Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales y haga suyo el padecimiento sufrido a lo largo de tantos años, considerando que las citadas personas deben ser reconocidas a todos los efectos legales como víctimas de terrorismo.

Por lo anteriormente expuesto, los Grupos Políticos representados en esta Cámara apoyamos esta declaración a favor de las víctimas del Caso Almería en la que, el Parlamento de Cantabria insta al Gobierno de España a:

• Iniciar los cambios legislativos necesarios y oportunos para que todas las víctimas de terrorismo, incluyendo las víctimas de la violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección que corresponde a su condición de víctimas de actos de terrorismo o violencia política. 
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GRABACIÓN DEL ACTO DE HOMENAJE 

https://parlamento-cantabria.es/videoteca/sesion/acto-de-homenaje-las-v%...