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A través de este acuerdo la Universidad elaborará el Informe sobre la adaptación del ordenamiento jurídico de Cantabria a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El Salón de la Junta de Portavoces del Parlamento de Cantabria acogió esta mañana la firma del convenio entre las tres instituciones con el fin de llevar a cabo un estudio que permitirá adaptar la legislación autonómica a la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.

El acuerdo lleva la rúbrica del presidente del Parlamento, institución que financia el informe con 10.000 euros, el rector de la Universidad, cuyo Departamento de Derecho Público elaborará el citado informe, y el presidente de CERMI Cantabria, organización que agrupa a las principales organizaciones que velan por los intereses de las personas con discapacidad y que realizará labores de asesoramiento.

Una vez realizado el informe, CERMI Cantabria participará en la presentación y análisis del mismo ante la Comisión especial no permanente de Discapacidad del Parlamento de Cantabria. Por su parte, el Legislativo, además de la financiación del estudio, impulsará a través del posterior debate en la Comisión especial no permanente de Discapacidad, la elaboración de las correspondientes propuestas y cambios legislativos que hagan posible la adaptación de la legislación autonómica de Cantabria a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El presidente del Parlamento, José Antonio Cagigas, subrayó que para que la Comisión de Discapacidad del Parlamento siga avanzando los diputados “necesitan información, tener datos teóricos”. Por ello, para esa adaptación de la normativa autonómica “lo primero que hay que hacer es un estudio previo, de dónde estamos, adonde queremos ir y qué se puede hacer. Quien mejor para hacer ese estudio que la Universidad”.

Precisamente el rector de la Universidad, José Carlos Gómez Sal puso el énfasis en “la solvencia del grupo que va a trabajarlo está absolutamente garantizada”. Tal y como explicó son “personas con una experiencia, que ya han trabajado en estos temas puesto que están integradas dentro de un proyecto nacional para el estudio de los derechos humanos dentro de la normativa jurídica existente”.

Finalmente, desde CERMI Cantabria su presidente, Roberto Álvarez, señaló que “solo hay un informe estatal que es el que dio lugar a la adaptación de derechos en el ámbito estatal”, por lo que según destacó este paso dado por Cantabria “es un hito”. “Hoy mismo comunicaremos a todo el sector este acontecimiento, la firma de este convenio, porque va a tener impacto estatal”.

El Convenio prevé que los trabajos de la Universidad finalicen no más tarde del 15 de abril de 2014, fecha a partir de la cual el estudio será presentado ante la Comisión especial no permanente de Discapacidad.

El equipo de trabajo de la Universidad de Cantabria lo formarán María Olga Sánchez Martínez y José Ignacio Solar Cayón. María Olga Sánchez es Profesora Titular de Universidad del Departamento de Derecho Público de la UC, miembro del Grupo de Investigación en Filosofía del Derecho, que actúa en calidad de investigadora responsable del Estudio. Por su parte José Ignacio Solar es Profesor Titular de Universidad del Departamento de Derecho Público de la UC y miembro del Grupo de Investigación en Filosofía del Derecho. 

Según el esquema de trabajo previsto por la institución académica, una primera parte del estudio abordará la propia Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad como nuevo paradigma en el tratamiento de la discapacidad. Todo ello a través de un pormenorizado análisis que va desde el enfoque de la discapacidad como un problema de derechos humanos, pasando por los principios y objetivos de la Convención, o la determinación de los derechos de las personas con discapacidad en diversos ámbitos(salud, empleo, educación, acceso a la justicia, cultura, ocio, deporte...)

En la segunda parte del informe se abordará el impacto de la Convención en el ordenamiento jurídico de la comunidad autónoma de Cantabria (capacidad jurídica y de obrar, accesibilidad y ajustes razonables, autonomía y vida independiente, o las ya referidas, salud, empleo, educación...). Posteriormente se expondrán unas propuestas de actuación para la adaptación del ordenamiento autonómico a la Convención en los diversos ámbitos temáticos y en materias transversales.

Por último, los autores del informe expondrán propuestas para la institucionalización de instrumentos de formulación de políticas públicas en materia de discapacidad.