En la Comunidad Autónoma de Cantabria existe una larga lista de viviendas sobre las que pende una sentencia que ordena su demolición. En muchos casos se están tramitando aprobaciones, modificaciones y revisiones del planeamiento urbanístico, sectorial o territorial que contemplan ordenaciones conforme a las cuales podrán concederse a muchas de dichas viviendas nuevas licencias que podrían resultar conformes a derecho una vez que dichos planeamientos entrasen en vigor. En estos supuestos, de llevarse a cabo la demolición de las viviendas, se daría la paradoja de que poco tiempo después se podría volver a construir lo que acababa de ser demolido, lo que resulta contrario al principio de proporcionalidad establecido en materia de demoliciones por el Tribunal Supremo.

El Gobierno de Cantabria y varios Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma aprobaron en septiembre del año 2011 un plan para ejecutar distintas sentencias que contemplaban órdenes de demolición de viviendas. Dicho plan proponía, en algunos casos, la demolición de las viviendas de forma escalonada, puesto que las limitaciones presupuestarias no permiten asumir el coste derivado de todas las demoliciones al mismo tiempo, máxime en las actuales circunstancias de evidentes dificultades económicas; en otros casos, planteaba la posibilidad de obtención de nuevas licencias si éstas resultaban conformes a derecho una vez se hubiesen aprobado los nuevos instrumentos de planeamiento, y si así lo ratificaban los distintos órganos judiciales.

Con la presente regulación se pretende dictar un conjunto de normas que ayuden a resolver en el plazo más breve de tiempo posible el grave problema que existe en Cantabria en relación con esta cuestión.