El esfuerzo, la resistencia, el coraje y la dignidad demostrada en estos difíciles años por las víctimas de atentados terroristas, son, sin duda alguna, un ejemplo de amor a España y de servicio a la justicia, la libertad y la seguridad de todos los españoles. El homenaje, afecto, reconocimiento y recuerdo a ellos no es solo un deber de gratitud sino también un compromiso con el legado de ellos recibido, un signo de respeto, pero también de solidaridad debida.
El terrorismo es uno de los graves problemas que ha sufrido y sufre nuestra sociedad, y que durante muchos años ha sido equivalente de dolor y muerte en España. Cantabria no ha sido ajena a esta lacra y ha pagado un alto tributo en vidas. Frente a esta realidad, el conjunto de España, incluida la región cántabra, ha sabido conservar la serenidad, requisito indispensable para la convivencia en paz, y dotar a sus instituciones de los instrumentos legales necesarios para combatir el terrorismo.
La Constitución Española de 1978, en el artículo 10, fundamenta el orden político y la paz social en el debido respeto a la dignidad de la persona, a los derechos inviolables que le son inherentes, al libre desarrollo de la personalidad, así como en el respeto a la Ley y a los derechos de los demás. Igualmente, el artículo 17, instituye como derechos fundamentales del individuo el derecho a la vida y a la integridad física y moral, a la libertad y a la seguridad.
La presente Ley expresa el compromiso de la región de Cantabria con la convivencia en paz y la protección integral de las víctimas del terrorismo, basándose en los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad y con pleno respeto a los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Estos derechos fundamentales, cuando lo son verdaderamente y se ejercen rectamente, no están subordinados ni a los individuos ni a las instituciones, y tampoco son una concesión de la sociedad o del Estado: pertenecen a la naturaleza humana.
El reconocimiento legal de estos derechos en Cantabria ha de servir tanto para que se recuerde el sacrificio realizado por las víctimas del terrorismo en favor de toda la sociedad, que ha servido para mantener la integridad de nuestra Nación y del Estado de Derecho, como para que las políticas de paz y de protección de los derechos fundamentales frente a actos terroristas sean fuente de obligaciones para el conjunto de los poderes públicos.